La gran dulce: historia y controversia de la nación la salada

La Nación La Salada es una feria de 57,000 metros cuadrados ubicada en La Matanza, Buenos Aires, que ha sido objeto de controversia y sospechas de irregularidades. Esta feria, conocida como La Gran Dulce, se ha convertido en un competidor directo de La Salada y ha generado polémica debido a su origen y su multimillonaria inversión.

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El origen misterioso de La Gran Dulce

La Gran Dulce es una sociedad por acciones simplificadas (SAS) que fue constituida el 13 de mayo de 201Según el Boletín Oficial de la República Argentina, la empresa inició con un capital inicial de $25,000, pero ha realizado inversiones que superan los 700 millones de pesos.

El domicilio legal de La Gran Dulce es en Tucumán 633, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, cuando los inspectores de la Inspección General de Justicia fueron a verificar la información, descubrieron que ni siquiera el encargado del edificio había oído hablar de la empresa.

La titular de La Gran Dulce es Patricia Alejandra Fernández, una comerciante que también es socia de Rubén Eduardo Gómez en la empresa Holilandia SAS. Además de La Gran Dulce, Fernández también está involucrada en otros negocios como Autocine Holilandia.

Las sospechas y denuncias

Rubén Eduardo Gómez, socio de Patricia Fernández en Holilandia SAS, se presenta como el dueño de La Gran Dulce y es quien negocia las condiciones con los proveedores y los inquilinos de la feria. Varios proveedores han afirmado que Gómez les ha pedido un retorno a cambio de firmar órdenes de compra por servicios esenciales para el funcionamiento de la feria.

La Inspección General de Justicia ha cuestionado a La Gran Dulce SAS por su falta de recursos genuinos, ya que la empresa ha realizado una inversión millonaria a pesar de haber comenzado con un capital inicial de solo $25,000. Además, la empresa no ha presentado ningún balance ni tiene contabilidad ni libros sociales. Esto ha llevado a especulaciones de que La Gran Dulce podría ser una sociedad vehículo creada para ocultar al verdadero dueño del negocio.

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La Municipalidad de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, ha denunciado la construcción de La Gran Dulce en terrenos federales del Mercado Central de Buenos Aires sin las autorizaciones correspondientes. La Inspección General de Justicia ha recomendado promover acciones de nulidad por simulación debido a las irregularidades en la construcción y el origen del capital de la empresa.

El proyecto de La Gran Dulce

La Gran Dulce se promociona como el centro comercial más grande de la zona, con más de 2,000 locales comerciales disponibles para los compradores. Según su página web, contará con bancos, estación de servicio, servicio de cajas de seguridad, hipermercado, seguridad electrónica y física, patio de comidas, cines y parque infantil.

A pesar de los anuncios, la obra no está autorizada por la Municipalidad de La Matanza y ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de la Inspección General de Justicia. Además, la feria aún no ha abierto y hay sectores sin suministro de energía eléctrica.

Las implicaciones políticas

Detrás de la disputa por La Gran Dulce parecen estar presentes intereses políticos y posibles negocios turbios. La Matanza no recibe ningún beneficio económico de la feria, ya que los terrenos son federales y los directores de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires responden a las máximas autoridades políticas de la provincia, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación de la Inspección General de Justicia ha revelado posibles vínculos entre los dueños de La Gran Dulce y importantes políticos de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo. Además, la presencia de Ricardo Augusto Nissen, quien está a cargo de la IGJ y figura como apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, ha generado suspicacias.

La Nación La Salada, también conocida como La Gran Dulce, ha generado controversia debido a su origen misterioso, las sospechas de irregularidades y las denuncias por falta de autorizaciones y falta de transparencia. La feria, que aún no ha abierto, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Inspección General de Justicia y ha generado especulaciones sobre posibles vínculos políticos y negocios turbios.

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